El Gobierno modificará la ley para impedir la presencia de Batasuna en las municipales
El fiscal general del Estado rechaza valorar las declaraciones de Mayor Oreja sobre una supuesta negociación entre Gobierno y ETA
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumido, ha anunciado hoy reformas legislativas para cerrar los últimos resquicios que permiten a formaciones del entorno de ETA herederas de la ilegalizada Batasuna concurrir a las elecciones o mantenerse en las instituciones.
"Estén ustedes atentos a las reformas legislativas en las que el Gobierno está trabajando para ver que se está haciendo todo lo posible para hacer cada vez más difícil que puedan presentarse", ha dicho Conde-Pupido a los periodistas al ser preguntado en relación con las declaraciones del eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja sobre la connivencia entre el Gobierno y ETA.
En la inauguración de un seminario sobre los acuerdos de extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos, el fiscal general ha declinado valorar las manifestaciones del ex ministro del Interior, pero sí ha dicho que la Fiscalía no emprenderá ninguna acción legal contra él.
"Nosotros respetamos los ámbitos políticos en los que se producen las cosas. La crítica política la tendrán que hacer los ciudadanos, no la Justicia", ha señalado.
Llegan a Suiza dos presos de la prisión de Guantánamo
Los dos hombres son musulmanes de la minoría uigur de China.- En la prisión estadounidense quedan aún 183 internos, pendientes de destino
EL PAÍS - Madrid - 24/03/2010
A primera hora de esta mañana han llegado a Suiza dos presos procedentes de la prisión estadounidense de Guantánamo. Los dos hombres pertenecen a la minoría uigur de China y a un grupo de internos de la misma etnia que permanecía en la prisión estadounidense desde que fueran capturados en Afganistán en la invasión de 2001. Todos ellos son miembros del Movimiento Islámico de Liberación del Turkestán Oriental, una organización considerada terrorista por Pekín.
Algunos presos uigures ya habían sido trasladado a otros países, como Albania, que acogió cinco internos en 2006, la isla de Palaos , que acogió a 17 el año pasado y Bermudas que se hizo cargo de otros cuatro en junio.
El Gobierno de Pekín ha protestado en numerosas ocasiones por el traslado de sus ciudadanos a terceros países e insiste en la extradición de estos presos a territorio chino. China considera terrorista al Movimiento Islámico de Liberación del Turkestán Orienta, que reclama la independencia de la región occidental de Xinjiang, que cuenta con enormes reservas de recursos naturales. China ya ha advertido a a Suiza de que sus relaciones bilaterales podrían verse perjudicadas si se confirmaba la acogida de los dos uigures, que finalmente han llegado hoy a territorio helvético.
Envío a Georgia
El traslado de hoy es el segundo que se realiza en menos de 24 horas. Washington transfirió ayer a tres detenidos a Georgia. Estados Unidos no ha divulgado la identidad de estos tres hombres pero fuentes del Gobierno georgiano han informado de que son originarios de Oriente Próximo.
El portavoz de Interior georgiano, Shotá Utiashvili ha anunciado que los tres presos "no son delincuentes peligrosos" por lo que no serán internados en ningún centro penitenciario, "probablemente estarán bajo vigilancia, pero no en prisión, ya que no han sido condenados", ha precisado Utiashvili.
El cierre del centro de detención de la base de Guantánamo fue una de las principales promesas electorales del presidente estadounidense Barack Obama. Desde 2002 el Gobierno estadounidense ha liberado a más de 540 presos que han sido distribuidos entre 30 países. En la base naval instalada en Cuba quedan 180 prisioneros, 80 de ellos podrían quedar en libertad sin cargos y el 100 restante serían trasladados a terceros países, entre ellos España.
Los presos de Guantánamo que acogerá España podrán trabajar
EL PAÍS - Madrid - 24/02/2010
Los cinco presos de Guantánamo que España acogerá en breve van a contar "con permiso de residencia y con la posibilidad de trabajar", aunque estarán sometidos a medidas de seguridad. Así lo explicó ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Senado a preguntas de Agustín Conde (PP).
Rubalcaba explicó que los presos seleccionados cumplen varios "criterios elementales": no tienen causas penales pendientes ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea ni en sus países de origen, a los que no pueden volver "por razones básicamente políticas". "Es decir, que desde el punto de vista penal no tengan ninguna dificultad para vivir en España", precisó el titular de Interior.
El ministro añadió que la fórmula de acogida tiene amparo legal en la vigente Ley de Extranjería, "que permite resolver problemas como éstos. Por tanto", añadió, "estos ciudadanos residirán en España de forma absolutamente ajustada a Derecho, con un permiso de residencia, con la posibilidad de trabajar y, en todo caso, garantizaremos la seguridad del conjunto de los españoles".
Rubalcaba que España se sumaba así a los esfuerzos de los países europeos para acabar con Guantánamo, una "situación discutible" en términos de derechos humanos.
REPORTAJE
La pena de muerte está en retroceso
Los abolicionistas suman argumentos nuevos a su causa, más allá de los derechos humanos: es cara, ineficaz para prevenir delitos e insostenible ante los errores judiciales destapados por el ADN
La pena de muerte está en retroceso y no sólo por los argumentos clásicos que han cimentado la causa abolicionista en todo el mundo. Su elevado coste económico, su ineficacia para prevenir el delito y los errores judiciales -algunos demostrados con pruebas de ADN y otros por puro azar- están acompañando una tendencia que ha llevado a eliminar la pena capital en tres estados de Estados Unidos, a debatirla en otros diez, y a abolirla en más de 20 países en la última década.
Matar sale caro. Una condena perpetua o de cualquier otro tipo es más barata y, según los expertos, aplicarlas, en lugar de enviar a los presos al corredor de la muerte, no provocaría un aumento del crimen. "En mi última apelación, mis abogados cobraron 500.000 dólares [370.000 euros]. El coste de mantener a un preso en Oklahoma es de 25.000 al año [18.500 euros]. Así que con 500.000 se podrían pagar 20 años de cárcel a un reo y no matarlo", señala Curtis McCarty, un hombre que pasó 22 años encarcelado, 16 en el corredor, por un crimen que no había cometido. A McCarty, sólo su inocencia -demostrada gracias a unas pruebas de ADN que consiguió gracias a la organización The Innocence Project- ya le parece suficiente para convencer a ese 65% de estadounidenses que todavía están a favor de la pena capital, según Gallup. Sin embargo, su experiencia como activista desde que salió de prisión en 2007 le ha enseñado que, "desafortunadamente", la cartera importa más que los errores que han llevado a morir ejecutados a por lo menos ocho inocentes desde 1973.
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